Gender-based violence in Mexican universities: Magnitude, protocols and institutional responses

Sonia M. Frías*

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*Doctora en Sociología por la Universidad de Texas. Investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México. Temas de especialización: violencia de género en contra de las mujeres y la violencia en contra de los niños/as; el papel del Estado en prevenir, atender y sancionar la violencia en contra de las mujeres y niñas/os y las desigualdades de género. Actualmente lleva a cabo investigaciones sobre acoso y hostigamiento sexual y discriminación por embarazo.
ORCID: 0000-0002-8549-1413.

 

Resumen: Esta investigación examina la prevalencia del acoso y el hostigamiento sexual (HAS) entre mujeres estudiantes universitarias en México, la influencia de los protocolos para prevenir y atender la violencia de género y las respuestas institucionales. Se utiliza una metodología que combina datos cuantitativos procedentes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 y datos cualitativos provenientes de las respuestas de estudiantes a partir de un estudio realizado en línea en ese mismo año. El 19.5% de las mujeres experimentó HAS durante 2021, siendo menor entre aquellas que acuden a instituciones de educación superior que cuentan con protocolos. Sólo 12.5% de las víctimas buscó ayuda formal y 10.4% presentó una denuncia o queja, la mayoría ante autoridades universitarias (81.5%). Las respuestas institucionales son heterogéneas y dependen de si las sobrevivientes recurren a autoridades administrativas o a unidades de atención a víctimas que adoptan una perspectiva de género. El análisis empírico evidencia tanto la utilidad de la ayuda y el acceso a la justicia que ofrecen las universidades, como la traición institucional experimentada por algunas estudiantes, manifestada en actitudes despectivas y culpabilización por parte de las autoridades administrativas y deficiencias en la sensibilización, protocolos y servicios de apoyo.

Palabras clave: acoso sexual, universidades, protocolos, búsqueda de ayuda, reacciones de las autoridades.

Abstract: This research examines the prevalence of sexual harassment among Mexican female university students, the influence of institutional protocols aimed at preventing and assisting victims of gender-based violence, and institutional reactions. Methodology combines quantitative data from the 2021 National Survey on the Dynamics of Household Relationships with qualitative data from student responses to an online study conducted in the same year. In 2021, 19.5% of women experienced sexual harassment, with lower prevalence among those attending higher education institutions that had established protocols. Only 12.5% of victims sought formal help, and 10.4% filed a complaint (81.5% of those within university institutions). Institutional responses are heterogeneous and depend on whether survivors turn to administrative authorities or to victim support units that adopt a gender perspective. Empirical findings reveal both the usefulness of the assistance and access to justice provided by universities, as well as the institutional betrayal experienced by some students, manifested in dismissive attitudes, victim-blaming by administrative authorities, and deficiencies in awareness, protocols, and support services.

Keywords: sexual harassment, universities, protocols, help-seeking, authorities’ reactions.

 

La persistencia de actos discriminatorios hacia las mujeres, la atención sexual no deseada y la violencia sexual explícita en su contra en entornos educativos y laborales, precedieron su designación como acoso sexual en 1971 (Perkins, 2022). Han pasado más de 35 años desde que Dziech y Weiner (1984) escribieron el libro The Lecherous Professor (El profesor libidinoso), que llamó la atención sobre las experiencias de violencia de género1 en las instituciones de educación superior. En Estados Unidos, las universidades iniciaron procesos tempranos para prevenir y abordar el hostigamiento y el acoso sexual como expresión de violencia de género en los campus debido a demandas judiciales, movilización de mujeres, legislación federal e investigación (Perkins, 2022; Perkins y Warner, 2017).

La violencia de género en los campus en general, y el hostigamiento y acoso sexual, en particular, son un problema extendido a nivel mundial (Joseph, 2015; Steele et al., 2024). En México, a fines de los años ochenta y principios de los noventa surgieron estudios y reflexiones sobre el HAS (García y García y Bedolla, 1989, 1993). En 2007 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) (Cámara de Diputados, 2007, última reforma en 2024), que nombró explícitamente el hostigamiento y el acoso sexual en entornos educativos y laborales, y lo caracterizó como una manifestación de violencia de género. Sin embargo, las respuestas de las instituciones fueron prácticamente inexistentes o tibias, por decir lo menos.

En 2011, a raíz de las protestas de diversas colectivas feministas universitarias, se aprobaron protocolos y normas para la prevención, atención y sanción del HAS en una universidad; fue el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa (Huacuz Elías y Gamboa Solís, 2018). Desde entonces, se inició un proceso continuo de elaboración y aprobación de protocolos en universidades públicas y privadas, alentado por la Ley General de Educación Superior que responsabiliza a las instituciones de educación superior (IES) para prevenir y atender la violencia, incluyendo la de género (Ortiz Ortega, Góngora y Aguilar Barroso, 2022). No se cuenta con información sobre cuántas IES cuentan con ellos. Sin embargo, un estudio de Ortiz Ortega, Góngora y Aguilar Barroso (2022) encontró que para 2020, sólo 26% de las IES afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) contaban con protocolos.

En 2018, el movimiento #MeToo (re)surgió en México con el objetivo de visibilizar casos de HAS y violencia sexual. “Tendederos del acoso” y “muros de la vergüenza” proliferaron en las universidades donde estudiantes, así como algunas profesoras y trabajadoras, colgaban en tendederos y fijaban en muros papeles con los nombres de agresores, cómplices y encubridores. Las víctimas exigían a las autoridades universitarias dejar de ignorar sus denuncias y pedían que se responsabilizara a los agresores. Conforme el movimiento #MeToo tomó fuerza, los tendederos de acoso se extendieron por universidades de todo el país.

Desde entonces, las jóvenes mexicanas han salido con frecuencia a las calles para exigir al Estado protección contra la violencia de género. Las universidades han sido escenario de multitud de disturbios, huelgas y manifestaciones contra la violencia sexual, discriminación y acoso (Cerva Cerna, 2020; Varela Guinot, 2020). La violencia sexual y el HAS en las universidades mexicanas son un problema antiguo sobre el cual las jóvenes feministas organizadas en universidades están creando conciencia (Barreto, 2017; Buquet, Cooper, Mingo y Moreno, 2013). Las estudiantes han hecho públicas sus experiencias de acoso y hostigamiento sexual en los campus, la falta de recursos destinados para la prevención y la asistencia a las víctimas (Mingo y Moreno, 2015; Varela Guinot, 2020), así como la negación, minimización y normalización de la violencia de género en los campus (Barreto, 2017). Además, en comunicados y pliegos petitorios dirigidos a las autoridades, se ha cuestionado el funcionamiento de los protocolos, la aplicación y proporcionalidad de las sanciones, los mecanismos que generan revictimización, la ausencia de perspectiva de género en las oficinas jurídicas (Nahuel di Napoli, 2021), y que en la normatividad no aplica el principio de taxatividad.

Las redes sociales han sido fundamentales en la construcción de la violencia de género en los campus mexicanos como un problema social. El anonimato que ofrece la web fomentó la aparición de movimientos como #MeToo, #AquíTambiénPasa, #MeTooAcadémicosMexicanos, orientados a denunciar públicamente casos de violencia de género y señalar a abusadores, principalmente profesores e investigadores. El hacer público los nombres de los agresores2 contribuye a disminuir la frustración de las víctimas, pero el anonimato de las denuncias a menudo es utilizado como excusa por las autoridades universitarias para mantener el status quo (Carrillo Meráz y Carranza Guevara, 2019). Tanto los movimientos sociales como los tendederos del acoso confirmaron un secreto a voces: las instituciones de educación superior, donde se produce y se difunde conocimiento, y se forman profesionales, producen y reproducen desigualdades y violencia de género.

Este estudio, que emplea métodos mixtos, tiene como objetivo contribuir al conocimiento actual sobre HAS en las universidades mexicanas, a partir de examinar una submuestra de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh, 2021), al menos en tres aspectos. Primero, establecer la magnitud del acoso y hostigamiento sexual (acoso basado en el género, atención sexual no buscada y coerción sexual) entre las mujeres universitarias, ya que la mayoría de los estudios se centran en un solo caso: una universidad, facultad o programa (Buquet et al., 2013; Carrillo Meráz, 2016; Echeverría Echeverría et al., 2017; Pérez Aranda et al., 2021; Salinas Rodríguez y Espinosa Sierra, 2013), o en una comparación entre éstos/as (Evangelista García, 2018; Hernández Herrera et al., 2015). Segundo, examinar la protección formal en términos de protocolos y conocer qué papel tienen éstos en la persistencia del acoso y hostigamiento sexual. Y tercero, describir las reacciones institucionales cuando las mujeres alzan la voz y presentan quejas a partir de sus experiencias.

Lo anterior es relevante porque las narrativas sobre las reacciones institucionales imperantes en la literatura existente muestran que la mayoría de las denuncias y quejas en instancias universitarias no prosperan (Barreto, 2017); cómo las mujeres son revictimizadas, culpabilizadas e ignoradas cuando acuden a las instituciones universitarias (Mingo y Moreno, 2015), y que las reacciones de las universidades son tibias (Varela Guinot, 2020). Sin embargo, datos de un estudio en la Universidad Autónoma de Yucatán muestran que 53% de las personas que acudieron a poner una queja reportaron que las atendieron bien y las orientaron (Echeverría Echeverría et al., 2018). Este último dato nos lleva a cuestionar las narrativas uniformes anteriormente referidas a partir de los datos de la Endireh 2021 y de los testimonios recabados en un estudio realizado de manera electrónica.

El análisis de las reacciones institucionales no distingue entre el tipo de instancias a las que las estudiantes acuden a interponer sus quejas: las que las reciben, las investigan, y las que emiten una resolución y recomendación de sanción (Varela Guinot, 2020). Tampoco suelen diferenciar, como sugiere la teoría feminista de las organizaciones (Martin, 2005), entre instancias universitarias que trabajan la problemática (abordan la violencia de género de forma exclusiva) y las que la atienden (los casos de violencia de género se suman a los asuntos que abordan regularmente). Lo anterior, aunado a que los casos que logran alcanzar la atención pública son los no resueltos, puede explicar el desarrollo y persistencia de las narrativas existentes.

Las premisas que guían esta investigación apuntan a que los protocolos universitarios para prevenir y atender la violencia de género en las IES tienen un efecto pedagógico y disuasorio —aunque incompleto— para las personas que conforman la comunidad universitaria, y que las respuestas institucionales son heterogéneas y contingentes a la apropiación de los temas de género y violencia de género por parte de ellas.

El acoso y hostigamiento sexual
en los contextos universitarios

Los espacios universitarios están plagados de violencia. Sorprende que los lugares donde se genera el conocimiento científico y se forman los y las futuras profesionales sigan produciendo y reproduciendo desigualdades de género arraigadas en el sistema de dominación masculina. El ámbito educativo no es inmune a las jerarquías de género ni a la manifestación más brutal de la desigualdad: la violencia de género. Ignorarlo es parte de la ceguera de género, definida como “la invisibilización de los efectos derivados de los condicionantes de género, lo que incluye, entre otras cosas, invisibilizar a la mujer, su realidad y problemas o sus aportaciones” (Ferrer-Pérez y Bosch-Fiol, 2019: 71).

En México, tras la promulgación de la LGAMVLV (Cámara de Diputados, 2007), el acoso sexual se denomina de manera distinta dependiendo de si es perpetrado por un par (acoso sexual) o por alguien en una posición jerárquica (hostigamiento sexual). También, en portugués, “hostigamiento sexual” se utiliza cuando involucra a colegas o personas en condiciones similares (sociales, económicas, profesionales, etcétera). Pero cuando existe una diferencia jerárquica se denomina “asedio sexual”. En otros idiomas como inglés, francés y alemán, esta jerarquía organizacional o educativa no se considera: sexual harassment, harcèlement sexuel y sexuelle belästigung; sólo se hace referencia al tipo de persona perpetradora. Incluso en España, “acoso sexual” se emplea sin importar la existencia de tales jerarquías.

El acoso sexual “debe entenderse como un acoso basado en el sexo —como un comportamiento que degrada, humilla o devalúa a una persona en función de su sexo—; las personas acosadoras devalúan a otras para proteger o mejorar su propio estatus social basado en el sexo, motivados y respaldados en un contexto social que estratifica todos los ámbitos de la vida en función del sexo” (Berdahl, 2007: 641). Éste se origina a partir de las diferencias de género construidas socialmente, que se entrecruzan con las jerarquías educativas y laborales.

El acoso sexual ha sido conceptualizado de diferentes maneras. Till (1980) identificó cinco áreas según la gravedad: acoso de género, comportamiento seductor, soborno sexual, coerción sexual y agresión sexual. Fitzgerald, Gelfand y Drasgow (1995) propusieron tres dimensiones relacionadas, aunque conceptualmente distintas: acoso basado en el género, atención sexual no buscada (o deseada) y coerción sexual. Fisher, Daigle y Cullen (2009) lo clasificaron en términos del tipo de contacto (desde ningún contacto sexual hasta la penetración); grado de coerción (desde la coerción psicológica hasta la fuerza física), y grado de acción (desde amenazas hasta acciones consumadas).

Este estudio sigue la conceptualización de Fitzgerald et al (1995) y Fitzgerald et al (1997), también empleada por las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados Unidos (2018) y previamente en muestras mexicanas (Frías, 2020). A diferencia del enfoque del continuum del daño o severidad del daño, esta conceptualización se centra en las conductas sin recurrir a las consecuencias o el impacto objetivo o subjetivo que potencialmente tienen sobre la víctima, ya que este último es contingente al reconocimiento del HAS y está asociado a factores individuales, relacionales, contextuales y estructurales (Fitzgerald, 1990).

El acoso de (o basado en el) género, también conocido como sexismo o discriminación de género, consiste en actitudes y comportamientos discriminatorios sutiles o explícitos que afectan el avance académico y profesional de las mujeres, creando un ambiente hostil que socava su derecho a la igualdad. A menudo estas acciones no son premeditadas y pueden no ser percibidas como violentas por la mayoría de las personas involucradas en esta dinámica. Estas formas de interacción pueden parecer normales y existe una conciencia limitada de sus implicaciones; incluyen comportamientos verbales y no verbales que no involucran contacto físico ni intenciones sexuales, pero que reproducen actitudes insultantes, hostiles y degradantes hacia las mujeres. Estos comportamientos objetivan, excluyen y atribuyen un estatus subordinado a las mujeres en función de su género (National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, 2018). Algunas de las manifestaciones incluyen protectores de pantalla con imágenes sexualizadas de mujeres, ridiculización de las mujeres, comentarios de carácter sexual, gestos, comentarios sobre las capacidades disminuidas de las mujeres debido a razones hormonales o que sus actitudes se deben a que necesitan tener sexo (Frías, 2020). Estos comentarios se basan en roles y estereotipos tradicionales sostenidos tanto por docentes como por estudiantes (Arceo-Gómez y Campos-Vázquez, 2019).

La segunda dimensión, atención sexual no deseada, puede ser de naturaleza verbal o no verbal y puede ocurrir presencial o virtualmente para objetificación de las mujeres. En ocasiones busca lograr algo de carácter sexual, mientras que, en otras, la sexualidad se utiliza para alcanzar otros objetivos, como mantener el estatus de género o educativo (Berdahl, 2007). Incluye, entre otros comentarios desagradables y obscenos sobre la apariencia física, silbidos, tocamientos, envío de imágenes sexuales o de partes del cuerpo, regalos con connotaciones sexuales y la insistencia en mantener una relación incluso cuando la persona ha expresado desinterés. Finalmente, la coerción y el abuso sexuales abarcan las formas más graves de violencia sexual, como la violación o el intento de violación, e incluyen amenazas, recompensas, premios o castigos asociados a mantener o no relaciones sexuales y emocionales. Estos últimos casos se conocen como quid pro quo.

En los contextos universitarios, la mayoría de las personas que experimentan acoso sexual son mujeres (Echeverría Echeverría et al., 2017; Johnson, Widnall y Benya, 2018; National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, 2018; Pérez Aranda, Estrada Carmona y Catzín López, 2021). Sin embargo, cualquier persona que no se ajuste al mandato de la heteronorma tiene mayor probabilidad de padecerlo (Kotze et al., 2022).

 

El hostigamiento y acoso sexual
en las universidades y la búsqueda de ayuda

En México, la mayoría de las investigaciones sobre acoso y hostigamiento sexual se centran en las experiencias de los/as estudiantes, mayoritariamente del sexo femenino. La prevalencia del acoso sexual entre estudiantes mexicanas depende del tipo de institución y de los instrumentos utilizados, oscilando entre 36.3% y 69% (Buquet et al., 2013; Echeverría Echeverría et al., 2017; Evangelista García, 2018). Estas cifras son similares a las de otros países (véase Johnson et al., 2018; Pinchevsky et al., 2020). La prevalencia del acoso sexual en las instituciones de educación superior a nivel mundial es contingente a los niveles de desigualdad de género, factores culturales asociados a tabúes sobre el sexo y la sexualidad, sistemas educativos débiles y grandes disparidades socioeconómicas (Joseph, 2015; Steele et al., 2024).

A diferencia de otros países como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, donde los estudiantes viven en residencias universitarias o fraternidades, en México la gran mayoría vive en alojamientos privados. Esto podría disminuir la oportunidad de experimentar acoso sexual, ya que entre estudiantes de licenciatura es más probable que los responsables sean pares; mientras que entre las de posgrado es más probable que sean profesores, personal administrativo y de apoyo (Klein y Martin, 2021).

En cuanto a la búsqueda de ayuda, la proporción de estudiantes que acuden a los servicios disponibles en sus universidades es pequeña. A menudo no saben qué servicios están disponibles ni los procesos para abordar los casos de acoso sexual (Escalera Silva y Amador Corral, 2021; Pinchevsky y Hayes, 2023). En México se desconoce el porcentaje real de mujeres que buscan ayuda en casos de HAS. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el año 2023 atendió un total de 2 513 asuntos; concretamente 2 208 orientaciones y 305 quejas, correspondiendo la mayoría a alumnos/as y personal académico; de todo el alumnado, sólo 0.42% se acercó a recibir orientación o presentar alguna queja.3 Estos datos contrastan con la prevalencia del fenómeno, ya que los datos procedentes de encuestas muestran que en 2009 el fenómeno afectaba a 49.3% estudiantes del sexo femenino y a 27.6% del masculino (Buquet et al., 2013). Otro estudio en la Universidad Autónoma de Yucatán encontró que sólo 12% de los eventos de HAS fue del conocimiento de alguna autoridad universitaria (Echeverría Echeverría et al., 2018). Con respecto a la atención, 32.4% de estas personas reporta que la atendieron bien; 20.9% que la orientaron, y respectivamente 43.9% y 2.9% que no hicieron nada y que las humillaron.

Los estudios cualitativos muestran que la mayoría de las personas afectadas por el HAS en las instituciones de educación superior no reportan los incidentes ni presentan quejas ante las autoridades debido al temor a padecer represalias, la creencia de que no habría sanciones contra sus agresores, los sentimientos de incomodidad y vergüenza, no saber a dónde acudir, amenazas, incertidumbre sobre si realmente fue una cuestión violenta, pensar que era algo sin importancia, miedo a que su familia se entere o porque su familia las convenció de no hacerlo (Evangelista García, 2019; Mingo y Moreno, 2015; Pérez Aranda et al., 2021).

 

Las respuestas institucionales a la violencia
de género en las universidades.
Una mirada desde la teoría feminista de las organizaciones

Los protocolos desarrollados en la mayoría de las universidades establecen los mecanismos para dar seguimiento a los casos. Suele haber distintas instituciones involucradas: algunas atienden exclusivamente situaciones de violencia de género y/o acoso y hostigamiento sexual y otras los abordan además de realizar otras funciones. Para la teoría feminista de las organizaciones es más probable que las primeras sean sensibles al género y estén inspiradas por principios feministas —cuestionan las desigualdades de género y asumen a las mujeres como seres racionales, independientes y con agencia—, mientras que las últimas son aparentemente neutrales al género y por lo tanto acaban reproduciendo las desigualdades de género socialmente establecidas tanto a nivel interno como en la interacción con las personas usuarias (Acker, 1990; Martin, 2005; Nichols, 2011). Junto con este tipo de organizaciones, Nichols (2011: 113) identifica un tercer tipo de organizaciones que asumen que las mujeres son “pasivas, dependientes y necesitadas de protección”, por lo tanto, reproducen desigualdades de género al alinearse con el modelo patriarcal.

Los tres tipos de instancias coexisten en las universidades (Richards et al., 2017) y su quehacer puede estar vinculado con las diversas experiencias y percepciones sobre las respuestas institucionales. Por esta razón, desde una perspectiva feminista posestructuralista, argumento que las universidades mexicanas no son una unidad coherente, sino que están compuestas por diferentes arenas, instancias y dependencias que no siempre tienen una postura homogénea sobre temas de género. Como resultado, las respuestas institucionales son heterogéneas y algunas de ellas revictimizan a las mujeres, lo que es constitutivo de violencia institucional.

Cuando las víctimas de acoso sexual son ignoradas, las autoridades no responden adecuadamente, no brindan apoyo institucional o las revictimizan, éstas pasan por una “traición institucional” entendida como la (re)victimización que ocurre en entornos en los que la institución tiene la responsabilidad formal de garantizar la seguridad de las personas (Smith y Freyd, 2013), así como de prevenir y responder de manera solidaria ante las agresiones y delitos cometidos por los individuos dentro de la institución. En otras palabras, la traición institucional consiste en las experiencias, sentimientos y sensaciones de las personas sobrevivientes “cuando perciben que la institución manejó inadecuadamente su experiencia traumática, lo cual puede ir desde acciones pasivas —como no tomar medidas proactivas para prevenir el hecho— hasta acciones activas, como encubrir lo sucedido o tomar represalias contra la persona afectada” (Pinciotti y Orcutt, 2021: 5037). La traición institucional es, de hecho, violencia institucional y puede tener consecuencias similares para las víctimas que la victimización directa (Bloom et al., 2023).

 

Metodología

Este estudio emplea métodos mixtos para establecer la magnitud del HAS y comprender cómo se manifiesta y las respuestas institucionales de las personas que alzan la voz. Como sostienen Creswell y Creswell (2017: 22-24), los métodos mixtos integran datos cualitativos y cuantitativos para ofrecer “una perspectiva adicional más allá de la información proporcionada por datos cuantitativos o cualitativos de forma aislada”. Los datos cuantitativos se emplean para establecer la prevalencia del HAS en las universidades mexicanas; el conocimiento sobre la existencia de protocolos destinados a prevenir y atender a las víctimas, así como la búsqueda de ayuda. Los cualitativos permiten ejemplificar cómo se manifiesta y las reacciones institucionales ante la búsqueda de ayuda.

Los datos cuantitativos provienen de la quinta edición de la Endireh (2021), una encuesta probabilística realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) que es representativa de las mujeres mexicanas de 15 años y más (N= 104 212) y es la mejor fuente para estudiar la violencia de género contra las mujeres en distintos contextos de relación: familiar, pareja, educativo, laboral, comunitario (detalles en INEGI, 2022); permite aproximarse a la prevalencia del fenómeno a lo largo de la vida y en los últimos 12 meses, así como estudiar los factores relacionados.

Se emplea una submuestra de 2 207 mujeres estudiantes que, en 2021, asistían a IES para conocer sus experiencias de HAS durante los 12 meses previos a la encuesta. Aunque en el contexto de una relación educativa también pueden producirse situaciones de violencia física, y de hecho son reportadas dentro de la violencia escolar (INEGI, 2022), esta investigación se centra en aquellas que degradan, humillan o devalúan a una persona en función de su pertenencia a un cierto sexo, respaldadas por un sistema de organización social que legitima, minimiza y condona esos actos (Berdahl, 2007). Las experiencias de HAS se operacionalizaron por la autora en tres dimensiones previamente identificadas tanto en el entorno laboral como en el educativo en el contexto mexicano (Frías, 2020): acoso de género, atención sexual no deseada y coerción sexual. El análisis cuantitativo que se presenta es de carácter descriptivo y bivariado.

Los datos cualitativos provienen de una pregunta abierta incluida en la última sección de una encuesta en línea autoadministrada, realizada por la autora y colegas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el marco de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronace): “Recursos y buenas prácticas para prevenir y atender la violencia de género en contextos universitarios de la región centro-sur de México”. Ésta tenía como objetivo recabar información relacionada con diferentes experiencias de desigualdad y violencia en las instituciones de educación superior: consecuencias físicas, psicológicas y sociales derivadas de la violencia padecida, y los patrones de búsqueda de ayuda ante situaciones de violencia de género de estudiantes, profesores/as, investigadores/as, personal administrativo, de vigilancia y de limpieza. Este estudio no cuenta con representatividad poblacional y fue aprobado por el Comité de Ética del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Los datos se recabaron entre junio y noviembre de 2021 a través de tres medios: 1) redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter; 2) correo electrónico enviado a profesores/as e investigadores/as de 74 instituciones de educación superior en México solicitando su apoyo para completar la encuesta y distribuirla entre estudiantes e integrantes de sus instituciones, y 3) en este correo se les solicitó ceder unos minutos durante sus clases en línea para poder administrar la encuesta al estudiantado y que la pudieran autocompletar.

Se empleó la plataforma LimeSurvey para recabar los datos. Participó un total de 2 061 personas estudiantes, docentes, investigadores/as y personal administrativo y de servicios de universidades mexicanas. De éstos, 1 325 (64.3%) fueron estudiantes de ambos sexos que cursaban los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, y de éstos/as, 169 realizaron algún comentario en la sección donde se les ofrecía la oportunidad de compartir alguna cuestión adicional sobre sus experiencias en la universidad.4

 Se emplearon aquellas respuestas proporcionadas por estudiantes del sexo femenino vinculadas con sus experiencias de HAS, la búsqueda de ayuda y las reacciones institucionales. En la encuesta participaron estudiantes de 24 entidades federativas distintas y de 42 universidades públicas y privadas entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Lasalle, el Tecnológico de Monterrey, el Tecnológico Nacional de México, el Instituto Rosario Castellanos, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Anáhuac, entre otras. Más de la mitad de los/as/es estudiantes participantes fueron de las dos primeras universidades, probablemente por la adscripción institucional de la autora. En términos de sus características, 6.5% estudiaba en una universidad privada; 81.7% estudiaba licenciatura; 11.5% maestría, y 6.8% doctorado; el promedio de edad fue de 24 años, 70% fue catalogada a su nacimiento como perteneciente al sexo femenino, y 4.2% hablan o entienden una lengua indígena.

No se emplea este estudio para evaluar la magnitud del acoso sexual en las universidades mexicanas porque no es probabilístico; se difundió en redes sociales y adolece de los problemas asociados a la autoselección y muestreos de conveniencia: falta de representatividad, de validez y de generalización de los resultados. Por este motivo, los datos de la Endireh 2021 (INEGI, 2022) constituyen una mejor aproximación. Cabe mencionar que la prevalencia del HAS en la encuesta electrónica es considerablemente mayor a la de la Endireh 2021, probablemente porque las personas que han tenido experiencias particularmente negativas pueden estar más dispuestas a participar (Ceccato, Gliori, Näsman, y Sundling, 2024). En este estudio se integran de manera secundaria los datos cualitativos proporcionados exclusivamente por estudiantes del sexo femenino para ilustrar, complementar y proporcionar una comprensión más profunda de los datos cuantitativos (Creswell, 2003).

 

La magnitud del hostigamiento y acoso sexual en contra de las universitarias

La tabla 1 muestra el porcentaje de mujeres que reportaron alguna experiencia de HAS durante el año previo a la realización de la encuesta: 10.5% experimentó acoso basado en el género. Concretamente, 6.0% escuchó comentarios o afirmaciones ofensivas acerca de que las mujeres no deberían de ir a la universidad; 5.0% fue ofendida o humillada debido a su género (alguien la hizo sentir inferior o mal), y 5.6% fue ignorada o no tenida en cuenta por ser mujer. Los siguientes testimonios contribuyen a comprender cómo se reproducen los roles y estereotipos de género en los contextos universitarios, creando un ambiente en el que las mujeres no pueden desempeñarse académicamente en igualdad de condiciones.

Los profesores a menudo nos llaman “señoritas” y dicen “es bueno que haya más mujeres en ciencias políticas porque a las mujeres no les gusta la política”, lo cual, para mí, borra los siglos en los que ni siquiera se nos dio la oportunidad de estudiar (licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Centro de Investigación y Docencia Económicas).

Yo me inscribí a un taller de fotografía que se imparte en la escuela, y el primer día que asistí el profesor mientras nos mostraba una de las fotos de su carpeta dijo: “Y aquí los chambelanes sabroseándose a la quinceañera” y ello me incomodó mucho (maestría en Ciencias Físicas, UNAM).

Las situaciones de atención sexual no deseada por alguien de la comunidad universitaria afectaron a 14.3% de las universitarias durante 2021. Específicamente, 8.1% recibió comentarios ofensivos o groseros sobre su cuerpo; 3.4% tuvo miedo de ser agredida sexualmente, y 2.6% fue perseguida o vigilada al salir de la universidad. Además, 3.4% fue manoseada, tocada, besada o se le arrimaron sin su consentimiento; 0.7% presenció actos de exhibicionismo o alguien le mostró sus partes íntimas, y 0.1% fue forzada a ver escenas o actos sexuales o pornográficos. Digitalmente, 6.8% afirmó que le enviaron mensajes o publicaron comentarios con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas; 1.4% reportó que habían compartido información personal, fotos o videos suyos para perjudicarla. Los actos de atención sexual no buscada, tanto de compañeros como de docentes, causan incomodidad y enojo entre las estudiantes, poniéndolas en una situación de vulnerabilidad tal y como se aprecia en los siguientes testimonios:

Un compañero solía seguirme en los pasillos, mirarme intensamente, entrar a mi salón a preguntar por mí, esperarme afuera del salón y enviarme mensajes insistentes sobre querer salir conmigo. Se lo mencioné a una profesora. Me dijo que este chico ya había recibido varios reportes. Tenía que salir acompañada por unas amigas de la universidad porque él me seguía (licenciatura en Psicología, Universidad Autónoma del Estado de Morelos).

Un estudiante me hizo un comentario sobre “ustedes son más calientes, les gusta la rumba”, pero he escuchado comentarios similares sobre otras chicas, sugiriendo que “somos más liberadas”, “nos gusta la fiesta” (doctorado en Antropología Social, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México).

Había un profesor de radiología que solía incluir imágenes pornográficas explícitas en sus presentaciones, constantemente denigraba a las mujeres e incluso hacía comentarios obscenos (licenciatura en Medicina, Universidad Autónoma de Aguascalientes).

La tercera dimensión se refiere a la coerción y al abuso sexual; 1.4% de las estudiantes recibió propuestas para mantener relaciones sexuales a cambio de calificaciones o beneficios en la escuela, y ocho de cada mil fueron castigadas, maltratadas o sufrieron represalias por no acceder a ellas. Además, una de cada 200 experimentó un intento de violación, y tres de cada mil fueron violadas. En total, 2.2% sufrió coerción y abuso sexual, incluidas situaciones de quid pro quo —esto por aquello en latín— implicando chantajes o condicionantes a mantener algún tipo de relación sexo-afectiva a cambio de privilegios o para no padecer represalias por no hacerlo.

Una vez un maestro insinuó que tuviéramos relaciones sexuales, pero como no acepté, me dio una baja calificación (licenciatura en Idiomas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco).

Entré hace tres trimestres al programa de doctorado y no he visto ningún comportamiento de violencia de género, sin embargo, vi muchos realizados por doctores en mi instancia educativa anterior, en la esime (Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica), Unidad Culhuacán del Politécnico; de los doctores a alumnas con quien tenían relaciones (doctorado en Química, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa).

La tabla 2 muestra el porcentaje de mujeres universitarias que experimentaron acoso sexual en 2021 según la dimensión de HAS. Entre las que padecieron HAS, 20.4% sufrió exclusivamente acoso por razón de género; 38.3% experimentó atención sexual no deseada, y 2.4% enfrentó coerción sexual. Sin embargo, 29.7% experimentó tanto acoso por razón de género como atención sexual no deseada, y 2.8% experimentó tanto atención sexual no deseada como coerción sexual. Finalmente, 5.9% experimentó las tres dimensiones del acoso sexual.

Los protocolos y la búsqueda de ayuda

En esta submuestra de universitarias, 45.2% indicó que su institución cuenta con protocolos o medidas exclusivas para atender a las víctimas de violencia de género; 38.7% señaló que no existen en su universidad, y 16.2% desconoce si existen (véase tabla 3). Lamentablemente, la encuesta no recopiló información sobre el entorno educativo, tal como la composición de género, tamaño, financiamiento privado o público de la universidad, factores que se han asociado con la implementación de políticas contra el acoso sexual (Graham et al., 2017).

Existen diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de acoso sexual entre las estudiantes que acuden a universidades sin protocolos, en comparación con las que sí cuentan con ellos (20.9% vs. 16.5%,
p < 0.0001), y entre aquellas donde las estudiantes desconocen su existencia (14.2%), con diferencias marginalmente significativas entre quienes refirieron la existencia de protocolos y quienes desconocen su existencia (p < 0.09). Cabe destacar que a medida que se incrementa la gravedad de los actos de acoso sexual, las diferencias entre universidades sin protocolos —o donde las estudiantes los desconocen— aumentan: el porcentaje de mujeres que sufrió atención sexual no buscada es 35% mayor entre quienes asisten a universidades sin protocolos comparado con aquellas que cuentan con ellos. En el caso de la coerción sexual, el porcentaje es 260% mayor. Esto sugiere, al menos a nivel bivariado, la existencia de cierta asociación entre la presencia de protocolos y la menor prevalencia de acoso sexual, así como su gravedad.

Después de experimentar una situación de acoso sexual, 70.4% de las universitarias lo comentó con alguien. Sin embargo, sólo 12.5% buscó ayuda; concretamente, 4.0% buscó apoyo, información o servicios en agencias públicas o gubernamentales, asociaciones o instituciones privadas, y 10.4% presentó una queja o denuncia. No hubo diferencias estadísticamente significativas en función de si existían o no protocolos en la institución (análisis no mostrados). La tabla 4 muestra las instituciones ante las cuales presentaron las quejas o denuncias. La mayoría recurrió a autoridades universitarias (81.5%); 19.7% a las fiscalías; 6.0% a la policía, y 2.0% a las autoridades municipales.

Respuestas institucionales

El análisis de las respuestas institucionales se centra en aquellas que proporcionan las autoridades universitarias porque ahí acuden mayoritariamente las estudiantes que son objeto de acoso y hostigamiento sexual. Alrededor de 54% de las quejas fueron recibidas y se levantó una investigación; en 26% de los casos se recibió la queja, pero no se inició una investigación y en el resto (20%) no se recibió la queja indicando que no procedía, no la creyeron, la convencieron de no ponerla, la trataron mal o la humillaron, le dijeron que era algo sin importancia o le propusieron una conciliación con la persona agresora, lo que contraviene el marco normativo. Estas cifras deben tratarse de manera cautelosa porque el número de casos que buscó ayuda institucional es reducido (n=84), y se podía proporcionar más de una respuesta. Con respecto a la resolución institucional, 55.2% de las estudiantes reportó que se realizó una recomendación para castigar o sancionar, y/o que ésta se ejerció; 40.3% de los casos indicó que no pasó nada, que no castigaron a la persona agresora o que las autoridades no hicieron nada.

Probablemente estas respuestas están en función del género de institución ante la que interpusieron la queja. Podemos diferenciar entre aquellas que a) se definen en función de la jerarquía académica, como direcciones de facultades, centros, institutos, así como de programas de grado o posgrado (neutrales al género), y b) oficinas o agencias creadas específicamente para promover la igualdad de género y prevenir la violencia de género como las unidades de prevención y atención de la violencia de género (sensibles al género). Las últimas son de reciente creación, resultado de la aprobación de protocolos y tienden —al menos formalmente— a cuestionar el orden de género dentro de las instituciones, mientras que las primeras no necesariamente incorporan una perspectiva de género en su trabajo. Estas oficinas que realizan labores relacionadas con la VG, como argumentaría Martin (2005), “poseen” el tema de la violencia de género porque la mayoría o la totalidad de sus actividades se centran en este tema y tiende a adoptar una postura feminista. En contraste, las autoridades de las unidades y programas académicos son menos propensas a tener sensibilidad de género y a reconocer las desigualdades de género; además, entre la diversidad de procesos administrativos y académicos que llevan a cabo, la violencia de género tiene una baja prioridad en su agenda.

Los testimonios de las estudiantes permiten comprender la pluralidad de respuestas de las instituciones universitarias y las posibles tensiones entre ellas. Algunos testimonios revelan que, en ocasiones, las instituciones universitarias actúan para poner fin a la violencia de género.

Cuando fui víctima de acoso, recibí apoyo y comprensión de los profesores con quienes realizaba mi servicio social, así como de las autoridades, quienes me ayudaron a alejar a esa persona de mí (doctorado en Estudios Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana).

No he experimentado situaciones de violencia o acoso, y las que han surgido han sido atendidas. Los profesores que han realizado estas acciones han sido despedidos tras las investigaciones correspondientes (maestría en Psicología, Universidad Autónoma del Estado de Morelos).

Existe cierto consenso respecto de que, aunque se llevan a cabo investigaciones y se imponen sanciones, estas medidas no siempre son efectivas, y que las sanciones, cuando se imponen, no son proporcionales al delito cometido. Probablemente porque como el acoso y hostigamiento sexual aún no se ha incluido o siquiera nombrado en la legislación universitaria, no puede sancionarse de manera efectiva (Barreto, 2017: 281). Por lo tanto, las sanciones son indirectas, no tanto por el acto de violencia de género, si no por contravenir códigos de ética y disposiciones laborales. Esto, como sugiere el segundo testimonio que se presenta a continuación, genera descontento respecto al actuar de las unidades de género, acusándolas indirectamente de mantener el orden de género al interior de la universidad.

Denunciamos a tres personas por acoso sexual, y en los tres casos, el agresor fue castigado con ocho días sin goce de sueldo. Los casos se comprobaron, pero como el responsable de imponer las sanciones es amigo del agresor […] mi compañera y yo perdimos el derecho a utilizar los datos que recolectamos para nuestra tesis; además, seguí experimentando violencia (doctorado en Ciencias Sociomédicas, Universidad Nacional Autónoma de México).

No es tanto que no se apliquen sanciones en la Universidad de Guanajuato, sino el tipo de sanción. Una semana de vacaciones como castigo por acoso sexual de algunos profesores hacia las alumnas no es una sanción; debería darles vergüenza a la Unidad de Género aplicar “sanciones” tan ineficaces (licenciatura en Sociología, Universidad de Guanajuato).

No es raro que la maquinaria institucional requiera “ayuda” para abordar casos de acoso sexual. Identificamos la existencia de dos mecanismos ejercidos colectivamente, que se utilizan frecuentemente para presionar a las autoridades tanto para proteger a las víctimas como para promover la sanción de los agresores: 1) la denuncia pública en tendederos y redes sociales, respaldada por los medios de comunicación y 2) la ocupación o toma de facultades, escuelas e institutos de investigación.

Las sanciones y decisiones sobre si sancionar los casos de acoso sexual en ocasiones se están tomando con base en la cobertura mediática y en el grado en que los casos se hacen públicos. Parece que solo se hace justicia cuando hay presión mediática. Por ejemplo, si el acoso se hace público, despedimos al profesor; si no, no hay consecuencias [...] Creo que el castigo no debería basarse en la presión mediática, sino en la gravedad del acoso (doctorado en Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma del Estado de Morelos).

Hay profesores que llevan haciendo lo mismo durante 20 años o más, y no hay resultados. Algunos incluso terminan reprobando a estudiantes porque los denunciaron, y por esa razón, tenemos miedo de hablar. Los pocos resultados que hemos obtenido no han sido gracias a las autoridades, sino a las redes sociales, donde hemos denunciado a los profesores con pruebas, y la universidad no ha tenido más opción que suspenderlos (no despedirlos) (licenciatura en Medicina, Universidad Autónoma de Aguascalientes).

Un porcentaje significativo de estudiantes universitarias indicó que su denuncia fue recibida, pero no pasó nada (24.3%). Esto es posible debido a pactos patriarcales que protegen a los agresores (Amorós, 1990); al marco normativo de la universidad que no ha incorporado sanciones proporcionales en casos de HAS, y a la baja posición jerárquica e institucional de las oficinas encargadas de atender y sancionar la violencia de género en las universidades.

La universidad tiene una oficina para prevenir y educar sobre la violencia de género, pero carece de la capacidad de sancionar, lo cual es muy decepcionante y frustrante para muchas estudiantes (licenciatura en Psicología, Universidad Autónoma del Estado de Morelos).

Por lo general, los profesores hombres son los agresores y se aprovechan de su poder e influencia para perjudicarnos. Cuando nos quejamos, no les pasa nada porque son vacas sagradas, son familiares y amigos, o se llevan bien con las autoridades. ¡Hay profesores que son denunciados varias veces cada año por las mismas razones y continúan dando clases hasta el día de hoy! (licenciatura en Medicina, Universidad Autónoma de Aguascalientes).

En otros casos, las oficinas de género universitarias son valoradas positivamente por actuar de acuerdo con los lineamientos establecidos en los protocolos, tal y como lo reflejan algunas voces que abogan por estas oficinas, considerándolas instrumentales para atender y detener la violencia.

Hace no más de tres meses, y después de un arduo trabajo de mujeres (compañeras, trabajadoras, administrativas, estudiantes y profesoras), se aprobó y presentó el “Protocolo para la prevención y atención de casos de violencia contra las mujeres en la Escuela Nacional de Antropología e Historia”. Esto permitió crear un espacio (institucional) exclusivamente para nosotras [...] Nos da más tranquilidad y seguridad (licenciatura en Etnología, Escuela Nacional de Antropología e Historia).

Inicialmente, intenté quejarme con el director de mi unidad académica sobre el acoso que estaba experimentando de parte de un profesor, y después fue el director quien me agredió, amenazándome con que perdería mi trabajo y que se aseguraría de que mi título nunca saliera. Después de un tiempo de haberme graduado, denuncié al primer profesor ante la Fiscalía de Derechos Académicos [...]. Afortunadamente, con la creación de la Unidad de Apoyo a Víctimas, todo cambió para mí y para mis compañeras; desde entonces, no nos han vuelto a molestar (maestría en Biología de la Conservación, Universidad Autónoma del Estado de Morelos).

Esto ilustra la existencia de reacciones contradictorias entre las autoridades universitarias (unidades de género, unidades de apoyo a víctimas y directores de unidades académicas), y cómo las autoridades pueden disuadir la presentación de denuncias “sugiriendo” que hacerlo podría ser un obstáculo para la graduación. En algunos casos, se convierte en una realidad.

Durante el último año de mi licenciatura, experimenté acoso sexual por parte de un investigador de la Facultad de Farmacia. Cuando decidí presentar una denuncia, las autoridades de la Facultad de Farmacia me informaron que tenía todo el derecho de presentar una demanda, pero que si lo hacía, debía tener en cuenta que era muy probable que no me graduara. Para evitar perder mi título, decidí no hacer nada. Dos años después, otra estudiante experimentó lo mismo con el mismo investigador. Ella sí tuvo el valor de denunciarlo; sin embargo, debido a la falta de pruebas, la demanda no procedió y fue expulsada (doctorado en Farmacia, Universidad Autónoma del Estado de Morelos).

 

Conclusiones

Este artículo presenta una imagen preocupante de la prevalencia e impacto del acoso y hostigamiento sexual que padecen las estudiantes universitarias mexicanas. Se encuentran sometidas a un amplio espectro de comportamientos abusivos y denigrantes que atentan contra su derecho a la igualdad; estos van desde comentarios ofensivos y discriminación basada en el género (10.5%), hasta situaciones de contacto físico no deseado (14.3%) y coerciones y abusos sexuales (2.2%). Estas experiencias afectan a 19.5% de las universitarias en su salud mental y su autoestima; violan los derechos y la dignidad de las mujeres, a la par que contribuyen a una atmósfera hostil y discriminatoria que impide su desarrollo académico y personal. Como se ha mostrado en otras latitudes (Klein y Martin, 2021; Pinchevsky y Hayes, 2023), el porcentaje de mujeres que buscaron ayuda formal es muy bajo (12.5%).

Existen importantes vacíos en las respuestas institucionales ante el acoso y hostigamiento sexual. Si bien algunas universidades tienen protocolos para abordar la violencia de género, otras carecen de ellos y muchas mujeres desconocen su existencia. Incluso cuando existen, su efectividad es cuestionable. Sin embargo, esta investigación sugiere que los protocolos tienen un efecto protector —aunque limitado— porque las mujeres en universidades que ya los han adoptado tienden a experimentar menores niveles de acoso y hostigamiento sexual, y si lo padecen, tiende a ser menos intrusivo. Incluso en IES que cuentan con protocolos, su efectividad está limitada por factores como la falta de conciencia entre las estudiantes y mecanismos de aplicación inadecuados.

El estudio cuestiona algunas narrativas sobre la total inacción y traición de las instituciones universitarias a las víctimas de violencia de género, y contribuye, a la luz de la teoría feminista de las organizaciones, a comprender las respuestas institucionales. Éstas pueden ser contradictorias y dependen del tipo de instancia (sensibles al género vs. neutrales). Se diferenció entre las autoridades académicas tradicionales, como los/as directores/as de facultades y escuelas y programas, por un lado, y las oficinas especializadas en igualdad de género y en prevención de la violencia de género. Las autoridades académicas pueden carecer de la experiencia o sensibilidad necesarias para manejar adecuadamente los casos de violencia de género y comprenderla como un problema estructural grave que requiere atención inmediata y especializada porque están enfocadas en los procesos administrativos y académicos.

Los testimonios proporcionados por algunas estudiantes ilustran la traición institucional en las instancias neutrales al género, que se refleja en la revictimización, inacción y minimización de los hechos, y en actitudes despectivas o culpabilizadoras. Esto agrava aún más el trauma experimentado por las sobrevivientes y desanima a otras de buscar ayuda.

En cambio, las unidades de prevención y asistencia de la violencia de género, creadas específicamente para abordarla, tienen el potencial de ofrecer un apoyo más integral y sensible. Estas instancias, a menudo guiadas por principios feministas, pueden proporcionar espacios seguros y recursos de acompañamiento y apoyo. Sin embargo, incluso dentro de estas unidades especializadas, las respuestas proporcionadas pueden variar. Mientras que algunas unidades se adhieren a los protocolos y a priorizar el apoyo a las sobrevivientes, otras no cumplen con las expectativas perpetuando las barreras institucionales y revictimizando a las sobrevivientes. Esto subraya la importancia de no sólo establecer unidades especializadas de apoyo, sino también de garantizar su efectividad y responsabilidad. Capacitar al personal, implementar protocolos centrados en las sobrevivientes y fomentar una cultura de confianza y empatía son pasos cruciales para asegurar que dichas sobrevivientes reciban el apoyo necesario. Estas instancias sensibles al género, a pesar de proporcionar un buen trato, son señaladas por su tibieza (Varela Guinot, 2020) a la hora de recomendar o imponer sanciones —dependiendo de cuál sea su nivel jerárquico— porque el marco normativo universitario no se ha adecuado completamente para reconocer el acoso y hostigamiento sexual como una falta grave y para establecer los mecanismos sancionadores proporcionales.

Algunas de las limitaciones de este estudio tienen que ver con que emplea datos secundarios procedentes de la Endireh. Vinculado a esto, el análisis de ciertos factores institucionales como el tamaño de la universidad, la disciplina y el nivel de los estudios cursados, entre otros, no pudieron ser examinados. Asimismo, el hecho de que los datos cualitativos procedan de una respuesta abierta en una encuesta autoadministrada y no representativa —y no de una serie de entrevistas o grupos focales—, no permitió ahondar en las experiencias de acoso y hostigamiento sexual, y caracterizar la traición institucional. Probablemente las personas que participaron fueron aquellas que, movidas por la temática del estudio, decidieron compartir detalles sobre sus vivencias de HAS y de búsqueda de ayuda.

En última instancia, abordar el acoso y hostigamiento sexual en las instituciones de educación superior no es sólo una cuestión de cumplir con las obligaciones establecidas en el marco normativo, sino un imperativo moral y un aspecto fundamental para crear ambientes de aprendizaje seguros, inclusivos y equitativos. Al priorizar las voces y experiencias de las sobrevivientes, desafiar las normas patriarcales y las estructuras de poder, y asignar responsabilidades a las personas responsables e instituciones, se puede avanzar de manera significativa hacia la erradicación del acoso sexual y la promoción de los derechos y la dignidad de todas las mujeres en el ámbito académico.

 

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Recibido: 18 de noviembre de 2024
Aceptado: 9 de septiembre de 2025